AyA tiene proyecto para arrancar en 2029, pero sin financiamiento.
La contaminación de aguas en la ciudad de Tamarindo son todavía un grave problema. Hace más de tres años, el abogado ambientalista Walter Brenes Soto presentó denuncias ante el Ministerio de Salud por aguas residuales, negras, pluviales, malos olores y descargas de lixiviados (líquidos residuales). Sin embargo, los avances hasta ahora han sido muy limitados.
El abogado, socio fundador de Energy Law Firm, presentó un recurso de amparo, el cual fue resulto a favor en 2020, y la Sala Constitucional sentenció al Ministerio de Salud a abordar la problemática en seis meses. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para abordar y solucionar los inconvenientes de saneamiento que presenta la ciudad de Tamarindo desde hace años.
Luego de la resolución de la Sala Constitucional, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA), a cargo de la presentación del servicio de agua potable y de saneamiento de aguas residuales. Dicha institución debía iniciar el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario en Tamarindo para subsanar las múltiples denuncias.
Es así como Tamarindo entra en el programa de “Zonas Prioritarias II” del AyA, según lo confirmó la Oficina de Prensa de esa institución.
El estado del proyecto
El proyecto de construcción del sistema de saneamiento para Tamarindo, Guanacaste, está inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. “Su objetivo es construir un sistema de alcantarillado sanitario que permita la adecuada recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales producidas en la comunidad de Tamarindo”, detalla el AyA.
Las obras requieren $10,4 millones para ejecutarse y se haría con recursos propios del AyA. De acuerdo con la programación, los recursos deberían estar garantizados para el último cuatrimestre de 2027, en tanto, las obras arrancarían el segundo trimestre de 2029 y concluirían el primer trimestre de 2031.
El área de cobertura del proyecto es de 27 hectáreas, incluye 22,3 kilómetros de tubería (redes), 14 estaciones de bombeo de aguas residuales, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y 12 kms de línea de impulsión para el vertido en el río Cañas.
La PTAR será de Lodos Activados y Aireación Extendida, con tratamiento terciario y desinfección, así como líneas para el tratamiento de lodos y el tratamiento de olores. Se estima que la obra beneficiará una población de más de 4600 personas para el año 2030 (entre lugareños y visitantes).
La etapa de Diagnóstico, que corresponde a los estudios básicos para el desarrollo de los diseños, así como la etapa de Diseño del proyecto fueron completados en su totalidad. Esto fue posible gracias a financiamiento del Programa Fondos LAIF (Latin America Investment Facility) de la Unión Europea, administrados por el Banco Alemán KfW; donación que se consiguió cuando era presidenta ejecutiva del AyA, la ingeniera, Yamileth Astorga.
Otras fases del proyecto como Pre Inversión y Factibilidad apenas superan el 50%. La primera, es una tarea que engloba labores de Diagnóstico, Factibilidad, Adquisición de Terrenos, Viabilidad Ambiental y Diseño; en tanto, la segunda, incluye, por ejemplo, la identificación y adquisición de terrenos para la PTAR, en lo que únicamente se ha completado la identificación de estos.
La vialidad ambiental del proyecto muestra un avance del 23% y se espera esté listo para el primer trimestre de 2026, aunque el mismo AyA reconoce que ese avance y meta se debe revalorar, ya que le aplica nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y está pendiente la disposición final de las aguas residuales tratadas, que se encuentra en trámite en la Dirección de Aguas del MINAE.
La geógrafa y coordinadora de Protección Ambiental de la Municipalidad de Santa Cruz, Geissel Gutiérrez Marchena, confirmó que hay un problema de desfogue con el proyecto. Esto se debe a que la Dirección de Aguas no certifica como caudal permanente el cuerpo receptor, lo que implicaría que las aguas deberían llevarse al mar. Por ello, la inversión de la obra sería mayor.
Cloaca a cielo abierto
“El cantón de Santa Cruz es una cloaca a cielo abierto”, con esas fuertes palabras definió Gutiérrez Marchena, la situación de saneamiento del territorio que abarca Tamarindo.
El Ministerio de Salud confirmó a Tamarindo News que existen numerosas denuncias a raíz de la inexistencia de un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas en esa comunidad. “Dichas aguas son conducidas al mar o a otros sitios; existen sistemas de tratamiento de aguas residuales en donde se ha tenido que intervenir para rectificar su buen funcionamiento y ubicación”, señaló ese Ministerio.
El Ministerio añadió que “es importante recalcar que el distrito de Tamarindo es el que cuenta con la mayor cantidad de entes generadores u operadores de sistemas de tratamiento de aguas residuales del cantón”.
Gutiérrez Marchena advirtió que menos del 10% de los hogares, locales comerciales y otros establecimientos del cantón están conectados a la red de alcantarillado sanitario del AyA. “La gran mayoría tienen drenajes, tanques sépticos; hay barrios como Lajas o Saramá, al sureste de Santa Cruz, que desfogan todas las aguas residuales al río”, apuntó la funcionaria.
También denunció que la coordinación entre Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, AyA, la Municipalidad y otras instituciones, en torno a analizar y buscar alternativas de solución a la problemática de saneamiento del cantón, no ha sido la ideal.
Gutiérrez Marchena manifestó que la Municipalidad y el Ministerio de Salud han visitado muchos lugares en Tamarindo, denunciados por el vertido de las aguas residuales al cordón y caño. Sin embargo, sostuvo, es poco el resultado, porque el Ministerio de Salud tiene débiles herramientas legales para hacer cumplir el adecuado tratamiento de las aguas residuales y desfogues.
“Los inspectores de Salud van a un caserío y emiten órdenes sanitarias porque se desfogan aguas residuales en el cordón y caño, la causa puede que llegue a los Tribunales en algún momento, pero al final no pasa nada, porque las personas alegan que no tienen la condición económica para resolver, así que Salud hace la orden sanitaria, pero de antemano sabe que no va a terminar en nada”, apuntó Gutiérrez Marchena.
Para la funcionaria municipal el problema es cultural. Las malas prácticas en cuanto a saneamiento están a la orden del día. Es usual, en verano, ver en Santa Cruz, a las personas, haciendo uso de un galón pegado al final de un palo de escoba, retirando el agua del cordón y caño, para regar las calles de lastre para mitigar el polvo.
“Las personas vienen en verano a interponer quejas a la Municipalidad porque tienen el cordón y caño lanoso al frente de la casa, lo que no debería suceder y menos en esta época, porque ese cordón y caño está dispuesto para las aguas pluviales, pero ellos mismos son quienes vierten sus aguas residuales ahí. En esa escala de invisibilización del problema y despreocupación estamos”, sentenció Gutiérrez Marchena.
Así las cosas, el calendario suma meses y años, sin que se materialicen las soluciones a la problemática de saneamiento del Distrito; si ya sobre las respuestas al agua potable se esgrime un gran signo de interrogación, las del tratamiento de aguas residuales, apenas alcanzan a ser letra en el papel.
Wastewater, the problem awaiting solution in Tamarindo
AyA has project to start in 2029, but without funding.
Water contamination in the town of Tamarindo is still a serious problem. More than three years ago, environmental lawyer Walter Brenes Soto filed a complaint with the Ministry of Health about sewage, sewage, bad odors and leachate discharges. However, progress so far has been very limited.
The lawyer, a founding partner of Energy Law Firm, filed an injunction, which was decided in favor in 2020, and the Constitutional Chamber sentenced the Ministry of Health to address the problem within six months. However, this has not been enough to address and solve the sanitation problems that the town of Tamarindo has been experiencing for years.
After the Constitutional Chamber’s resolution, the Ministry of Health issued a sanitary order to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage (AyA), which is in charge of providing drinking water and wastewater sanitation services. This institution had to initiate the sanitary sewerage construction project in Tamarindo to remedy the multiple complaints.
This is how Tamarindo enters the “Priority Zones II” program of AyA, as confirmed by the Press Office of that institution.
Project status
The sanitation system construction project for Tamarindo, Guanacaste, is registered in the Public Investment Project Bank of the Ministry of National Planning and Economic Policy. “Its objective is to build a sanitary sewerage system that allows the adequate collection, treatment and disposal of wastewater produced in the community of Tamarindo”, AyA details.
The works require $10.4 million to be executed with AyA’s own resources. According to the schedule, the resources should be secured by the last quarter of 2027, while the works would start in the second quarter of 2029 and conclude in the first quarter of 2031.
The area covered by the project is 27 hectares and includes 22.3 kilometers of piping, 14 wastewater pumping stations, a wastewater treatment plant, and 12 kilometers of a line for discharge into the Cañas River.
The treatment plan will be an activated sludge and extended aeration plant, with tertiary treatment and disinfection, as well as sludge treatment and odor treatment lines. It is estimated that the project will benefit a population of more than 4,600 people by 2030 (including locals and visitors).
The Diagnostic stage, which corresponds to the basic studies for the development of the designs, as well as the Design stage of the project were already completed. This was possible thanks to financing from the Latin America Investment Facility (LAIF) Program of the European Union, administered by the German KfW Bank; a donation obtained when Yamileth Astorga, engineer, was executive president of AyA.
Other phases of the project, such as Pre-Investment and Feasibility, are barely over 50% complete. The first is a task that encompasses Diagnostic, Feasibility, Land Acquisition, Environmental Feasibility and Design work; while the second includes, for example, the identification and acquisition of land for the treatment plant, in which only the identification of this land has been completed.
The environmental feasibility of the project shows a 23% progress and is expected to be ready for the first quarter of 2026, although AyA itself recognizes that this progress and goal should be revaluated, since new regulations of the Environmental Technical Secretariat (SETENA) apply and the final disposal of treated wastewater is pending, which is in process at the Water Directorate.
Geographer and Environmental Protection Coordinator of the Municipality of Santa Cruz, Geissel Gutiérrez Marchena, confirmed that there is an outflow problem with the project. This is due to the fact that the Water Directorate does not certify the receiving body as a permanent flow, which would mean that the water would have to be taken to the sea. Therefore, the investment for the project would be higher.
Open-air sewage
“The canton of Santa Cruz is an open-air sewer”, with these strong words Gutiérrez Marchena defined the sanitation situation of the territory that includes Tamarindo.
The Ministry of Health confirmed to Tamarindo News that there are numerous complaints due to the lack of a collection, treatment and final disposal system for the wastewater generated in the community. “Said waters are conducted to the sea or to other sites. There are wastewater treatment systems where it has been necessary to intervene to rectify their proper functioning and location,” said that Ministry.
The Ministry added that “it is important to emphasize that the district of Tamarindo is the one with the largest number of generating entities or operators of wastewater treatment systems in the canton”.
Gutiérrez Marchena warned that less than 10% of the homes, commercial premises and other establishments in the canton are connected to the AyA’s sanitary sewage system. “The vast majority have drains, septic tanks; there are neighborhoods such as Lajas or Saramá, southeast of Santa Cruz, which discharge all wastewater into the river,” said the official.
She also claimed that the coordination between the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Health, AyA, the Municipality and other institutions regarding the analysis and search for alternative solutions to the canton’s sanitation problems has not been ideal.
Gutiérrez Marchena stated that the Municipality and the Ministry of Health have visited many places in Tamarindo and denounced the improper discharge of sewage. However, she argued, the result is unsatisfactory, because the Ministry of Health has weak legal tools to enforce the adequate treatment of sewage and discharges.
“Health inspectors go to a house and issue sanitary orders because sewage is discharged improperly. The case may go to court at some point, but in the end, nothing happens, because the people allege that they do not have the economic condition to resolve the problem. So, the Health Ministry makes the sanitary order, but in advance it knows that it will not end up in anything,” Gutiérrez Marchena pointed out.
For the municipal official, the problem is cultural. Bad sanitation practices are the order of the day. It is usual, in summer, to see in Santa Cruz, people, making use of a gallon stuck to the end of a broomstick, removing the water from the curb, to water the streets of ballast to mitigate the dust.
“People come in summer to complain to the Municipality because they have a woolly cordon and pipe in front of their house, which should not happen, especially at this time of year, because that cordon and pipe is intended for rainwater, but they themselves are the ones who dump their sewage there. We are on this scale of invisibilization of the problem and lack of concern,” Gutiérrez Marchena said.
Thus, the calendar adds months and years, without the solutions to the district’s sanitation problems materializing. If the answers to the drinking water problem are already a big question mark, those of the wastewater treatment are barely a letter on paper.
